Ante la modificación a la Ley de Educación Superior.

El pasado miércoles, el Senado de la Nación aprobó una ley que modifica en uno de sus puntos fundamentales la cuestionada Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem. Dicho proyecto asegura la responsabilidad del Estado en la Educación Superior en cuanto a la gratuidad de la misma, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta. Recordemos que la LES fue sancionada a pesar del rechazo de todo el movimiento estudiantil, que hasta el día de hoy profundiza la discusión y la lucha para la constitución de una nueva legislación en torno a la educación superior, dado que la mencionada normativa del año 95 conlleva un fuerte sustento a la oferta educativa privada, en muchos puntos, incluso sobre la pública.No obstante ello, celebramos que en esta reciente modificación se han dado avances trascendentales para el acceso público a la educación superior, al establecer, junto con la gratuidad de la enseñanza, que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social. En este marco, es preciso recordar que la mencionada gratuidad de la educación superior estaba dada por un decreto del año 1949, y a partir de ahora cobrará fuerza de ley, dando un avance en la materia.

Por otra parte, es importante lo expresado en el artículo 7º de la LES, en cuanto manifiesta la posibilidad de contar con ingreso libre e irrestricto a la educación superior, en consonancia con lo que hemos venido planteando en nuestro programa político y puesto en marcha en diversas instituciones de nuestro país (por ejemplo, con la reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata). Consideramos un importantísimo avance que debe ser reglamentado de forma clara por todas las instituciones que componen el sistema educativo superior, donde somos conscientes del nivel de presiones que se ejercen para que predomine el «status quo» y se sostengan los exámenes eliminatorios.

Ahora bien, es importante resaltar que existen profundas modificaciones que han decidido no realizarse (en términos concretos, ni siquiera debatirse), fruto de una concepción política del actual Gobierno Nacional, consistente en discutir «a libro cerrado» cualquier proposición legislativa. Entendemos que se ha perdido una buena oportunidad de discutir la ley de fondo, en torno a sus alcances, a la discusión de la oferta pública y privada, al financiamiento y el rol de las tecnicaturas y carreras de corta duración, a la paridad estudiantil - docente en el cogobierno universitario, en fin, a tantos temas que atañen íntimamente a una concepción pública, masiva y de excelencia académica de la educación superior.

Celebramos, por tanto, la modificación dada por el Congreso de la Nación, pero esperamos que finalmente se brinden instancias de un debate serio, responsable y amplio, para poder proyectar los lineamientos de una NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR, que elimine definitivamente los resabios del neoliberalismo de nuestro sistema educativo, y construya los cimientos de una necesaria SEGUNDA REFORMA UNIVERSITARIA, en un marco de profundo respeto a la autonomía institucional.

MNR Nacional

NI DIÁLOGO NI CONSENSO, EN LA UNL LAS NORMAS NO SE CUMPLEN

Posicionamiento frente a otra irregularidad institucional

Desde el MNR Litoral, rechazamos y repudiamos profundamente la decisión tomada el dia de hoy en el Consejo Superior de nuestra Universidad por la cual se adelantan los procesos electorales del año 2015 de manera arbitraria e ilegal, afectando el derecho a la participación de los ciudadanos universitarios.

Los consejeros superiores del MNR nos enteramos que el proceso electoral se adelanta un mes de la noche a la mañana, a propuesta de la gestión y apoyada por su agrupación estudiantil, de la cual no fuimos notificados. Por otro lado, los procesos formales ni siquiera fueron respetados, ya que el Regimen electoral plantea en su artículo 67: “Los comicios deben realizarse entre el 1° de octubre y el 20 de noviembre del año en que deba procederse a la renovación de los representantes, A EXCEPCIÓN del año en que se renueven LA TOTALIDAD de los miembros del Consejo en que las elecciones se realizarán entre el 1° de Septiembre y el 20 de Octubre”. 

Este año, no nos encontramos ante dicha excepción, sin embargo se propone aplicar este plazo a una situación que no ha sido contemplada como una causal de aplicación del mismo, esgrimiendo como argumento la coincidencia con las elecciones nacionales, que en otras situaciones ya ha sucedido (año 2011, 2013, sin irnos más lejos)
Este tipo de manipulación institucional no hace más que ir en detrimento de la confianza en las mismas, solo con el pretexto de beneficiar directamente al desarrollo de un espacio político en particular, ya que no constituye una modificación al Régimen Electoral.

El Consejo Superior, órgano de gobierno de la Universidad Nacional del Litoral, debe sujetarse a la normativa vigente en esta Institución. La suma de votos de este Cuerpo encuentra como límite el respeto al Estado de Derecho. En razón de lo hasta aquí dicho, esta situación nos empuja a bregar por la máxima calidad institucional buscando los canales necesarios para garantizarlos.


Por una Universidad que respete sus normas
Y que no beneficie solo a una franja.